SE aprobó la versión final de la Carta de la Tierra, que se basa en cuatro principios fundamentales: respeto y cuidado de la vida; integridad ecológica; democracia, no violencia y paz; justicia social y económica. Este último principio especifica que se debe erradicar la pobreza como un imperativo ético, social y ambiental.
Diez años después, en muchas regiones del mundo es irrisorio y hasta impensado trabajar en el cuidado del medio del ambiente cuando ni siquiera es respetado el hábitat del hombre. El panorama en la provincia de Corrientes no es muy diferente, según lo señalan los primeros relevamientos realizados por la Mesa Provincial de Tierras.
Este grupo de trabajo, conformado hace un año, está integrada por Caritas Diocesana Corrientes; la Subsecretaria de Agricultura Familiar de la Nación; Instituto de Cultura Popular (Incupo); Foro Provincial de la Agricultura Familiar; Asociación Provincial de Pequeños Productores Correntinos y la Asociación Correntina de Desarrollo Humano, Agropecuario y Agroindustrial Juan XXIII.
La intención inicial fue reflexionar e instalar la problemática de la tenencia de la tierra, hacer visible los conflictos que ella genera, creando conciencia en las familias de pequeños productores rurales, como también a los técnicos que acompañan a este sector en distintos puntos de la provincia. En sus inicios, esta entidad se abocó a la tarea de hacer conocer a los campesinos los derechos que poseen respecto a la tierra, a través de capacitaciones. En una segunda etapa, se buscará hacer visible esta situación a la sociedad en su conjunto.
Corrientes posee una ley de colonización que data de 1974, Ley 3228, que si bien tiene institutos interesantes, se encuentra desactualizada según aseguran desde la Mesa. Remarcan también que la ley ha sufrido reformas que han provocado cambios sustanciales en la misma, la más importante es la desaparición del Instituto de Colonización y su reemplazo por una Gerencia de Tierras Fiscales e Islas que funciona dentro del Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (Icaa).
Los perjudicados son los agricultores familiares que, básicamente, son productores de alimentos para autosustento y, por lo general, es donde también están radicados junto a sus familias. Sin embargo a pesar de la voluntad de la mayor parte de ellos de seguir habitando el campo, hay dos factores que gravitan sobre esa continuidad: la concentración de grandes zonas en pocas manos y la escasa cantidad de tierra que las familias campesinas poseen para seguir produciendo y ampliar su capacidad de producción.
La expulsión del agricultor familiar, con el consecuente despoblamiento de las zonas rurales, afecta no solo la economía de las familias campesinas sino que además generan un problema social de dimensiones al sobrepoblar estas ciudades que carecen de capacidad para recibirlos. Esta situación genera más pobreza, marginación, inseguridad y condiciones indignas de vida para muchos de sus habitantes.
Diez años después, en muchas regiones del mundo es irrisorio y hasta impensado trabajar en el cuidado del medio del ambiente cuando ni siquiera es respetado el hábitat del hombre. El panorama en la provincia de Corrientes no es muy diferente, según lo señalan los primeros relevamientos realizados por la Mesa Provincial de Tierras.
Este grupo de trabajo, conformado hace un año, está integrada por Caritas Diocesana Corrientes; la Subsecretaria de Agricultura Familiar de la Nación; Instituto de Cultura Popular (Incupo); Foro Provincial de la Agricultura Familiar; Asociación Provincial de Pequeños Productores Correntinos y la Asociación Correntina de Desarrollo Humano, Agropecuario y Agroindustrial Juan XXIII.
La intención inicial fue reflexionar e instalar la problemática de la tenencia de la tierra, hacer visible los conflictos que ella genera, creando conciencia en las familias de pequeños productores rurales, como también a los técnicos que acompañan a este sector en distintos puntos de la provincia. En sus inicios, esta entidad se abocó a la tarea de hacer conocer a los campesinos los derechos que poseen respecto a la tierra, a través de capacitaciones. En una segunda etapa, se buscará hacer visible esta situación a la sociedad en su conjunto.
Corrientes posee una ley de colonización que data de 1974, Ley 3228, que si bien tiene institutos interesantes, se encuentra desactualizada según aseguran desde la Mesa. Remarcan también que la ley ha sufrido reformas que han provocado cambios sustanciales en la misma, la más importante es la desaparición del Instituto de Colonización y su reemplazo por una Gerencia de Tierras Fiscales e Islas que funciona dentro del Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (Icaa).
Los perjudicados son los agricultores familiares que, básicamente, son productores de alimentos para autosustento y, por lo general, es donde también están radicados junto a sus familias. Sin embargo a pesar de la voluntad de la mayor parte de ellos de seguir habitando el campo, hay dos factores que gravitan sobre esa continuidad: la concentración de grandes zonas en pocas manos y la escasa cantidad de tierra que las familias campesinas poseen para seguir produciendo y ampliar su capacidad de producción.
La expulsión del agricultor familiar, con el consecuente despoblamiento de las zonas rurales, afecta no solo la economía de las familias campesinas sino que además generan un problema social de dimensiones al sobrepoblar estas ciudades que carecen de capacidad para recibirlos. Esta situación genera más pobreza, marginación, inseguridad y condiciones indignas de vida para muchos de sus habitantes.
