–con aparente omisión de recomendaciones técnicas–, la continuidad de los emprendimientos arroceros en los Esteros del Iberá y del megaproyecto Ayuí Grande en el corazón de la provincia, además del terraplén en Yahaveré, que sigue sin ser demolido a pesar de la sentencia de la Corte Suprema, muestra a las claras el nuevo escenario de conflicto en Corrientes entre quienes promueven grandes emprendimientos productivos y los que defienden el medioambiente.
En casi todos los casos, la instancia judicial termina o
seguramente terminará decidiendo qué se deberá hacer, donde la falta de entendimiento entre las posiciones es cada vez superior y donde ni siquiera los mecanismos institucionales como las audiencias públicas surten el efecto por el que fueron implementadas.
La ausencia de una legislación era largamente reclamada, no por la gente sino por la necesidad de poner blanco sobre negro ante cada una de las situaciones generadas, y prueba de ello son los fantasmas de irregularidades que giran en torno a cada gran emprendimiento que se encaró o pretendió encarar.
La producción sustentable es el objetivo que se dice buscar, aunque en la mayoría de los casos los ambientalistas advierten la minimización de grandes efectos nocivos en el ambiente que, aseguran, son minimizados para tapar perjuicios irreversibles en el ecosistema.
La cuestionada ley de Bosques
Aun cuando se palpaba la falta de consenso en el seno mismo de la comisión –que se refleja con dos despachos, uno de mayoría y otro de minoría–, el oficialismo obtuvo las voluntades necesarias para la aprobación de la ley de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de la Provincia de Corrientes. La iniciativa, que provenía de revisión desde el Senado, fue avalada con los números de la Cámara de Diputados, pero sin dar respuestas a planteos de los opositores ni de los ambientalistas. Ahora, con la ley ya aprobada, la diputada María Inés Fagetti de Mansutti judicializó por el fuero penal la norma por entender que se pudieron haber cometido irregularidades en su contenido. “La denuncia no se presenta en función del tratamiento en la Legislatura del proyecto sino de los antecedentes”, aclaró a radio Sudamericana el fiscal Nº 1 a cargo de la causa Buenaventura Duarte.
En su denuncia, la legisladora justicialista afirma que “en la profusa documentación agregada al Expediente Nº 5027/10 existen diversas constancias que dan cuenta de acciones u omisiones de funcionarios públicos que no se ajustan a la normativa vigente y que, por lo tanto, podrían configurar tipos delictivos previstos y penados en el Código Penal, que ameritan una investigación en el marco de la competencia de esta Fiscalía”.
En declaraciones a la citada emisora, el fiscal aclara que “la diputada hace una denuncia por supuesta falsedad ideológica de informes”, aclarando que “habría una mala transcripción de informes científicos”, expresó el funcionario judicial.
Sin embargo, la investigación cursa sobre un decreto de Ordenamiento Territorial de Bosques sobre el cual se basa el texto de la ley, y el decreto lleva la firma del ex gobernador Arturo Colombi. El STJ consideró entonces que es facultad de la Legislatura y no del Ejecutivo dictaminar leyes referidas al ordenamiento ambiental.
“El ex gobernador se arrogó atribuciones que no tenía. Él no puede alegar desconocimiento de la normativa porque fue convencional constituyente y firmó un decreto que va en contra de la Constitución. Eso es un delito”, explicó Fagetti.
Panorama poco claro
A la ley de Bosques y las arroceras del Iberá se les adosan otros temas aún sin definición. Por un lado, el archiconocido caso del terraplén elevado sobre los Esteros que aún sigue sin demolerse a pesar del fallo de la Corte Suprema de Justicia. Y, por el otro, el del megaemprendimiento arrocero que se pretende encarar sobre el riacho Ayuí, del que muchos quedaron disconformes por asegurar no haber sido escuchados en las audiencias públicas.
Las posturas de productores y ambientalistas están nuevamente planteadas, pero parecen transitar por carriles totalmente opuestos y todo hace ver que difícilmente puedan cruzarse, hasta tanto la legislación no sea bien clara que permita la interacción de todos los sectores involucrados, más allá de los números que proyecten los emprendimientos
seguramente terminará decidiendo qué se deberá hacer, donde la falta de entendimiento entre las posiciones es cada vez superior y donde ni siquiera los mecanismos institucionales como las audiencias públicas surten el efecto por el que fueron implementadas.La ausencia de una legislación era largamente reclamada, no por la gente sino por la necesidad de poner blanco sobre negro ante cada una de las situaciones generadas, y prueba de ello son los fantasmas de irregularidades que giran en torno a cada gran emprendimiento que se encaró o pretendió encarar.
La producción sustentable es el objetivo que se dice buscar, aunque en la mayoría de los casos los ambientalistas advierten la minimización de grandes efectos nocivos en el ambiente que, aseguran, son minimizados para tapar perjuicios irreversibles en el ecosistema.
La cuestionada ley de Bosques
Aun cuando se palpaba la falta de consenso en el seno mismo de la comisión –que se refleja con dos despachos, uno de mayoría y otro de minoría–, el oficialismo obtuvo las voluntades necesarias para la aprobación de la ley de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de la Provincia de Corrientes. La iniciativa, que provenía de revisión desde el Senado, fue avalada con los números de la Cámara de Diputados, pero sin dar respuestas a planteos de los opositores ni de los ambientalistas. Ahora, con la ley ya aprobada, la diputada María Inés Fagetti de Mansutti judicializó por el fuero penal la norma por entender que se pudieron haber cometido irregularidades en su contenido. “La denuncia no se presenta en función del tratamiento en la Legislatura del proyecto sino de los antecedentes”, aclaró a radio Sudamericana el fiscal Nº 1 a cargo de la causa Buenaventura Duarte.
En su denuncia, la legisladora justicialista afirma que “en la profusa documentación agregada al Expediente Nº 5027/10 existen diversas constancias que dan cuenta de acciones u omisiones de funcionarios públicos que no se ajustan a la normativa vigente y que, por lo tanto, podrían configurar tipos delictivos previstos y penados en el Código Penal, que ameritan una investigación en el marco de la competencia de esta Fiscalía”.
En declaraciones a la citada emisora, el fiscal aclara que “la diputada hace una denuncia por supuesta falsedad ideológica de informes”, aclarando que “habría una mala transcripción de informes científicos”, expresó el funcionario judicial.
Sin embargo, la investigación cursa sobre un decreto de Ordenamiento Territorial de Bosques sobre el cual se basa el texto de la ley, y el decreto lleva la firma del ex gobernador Arturo Colombi. El STJ consideró entonces que es facultad de la Legislatura y no del Ejecutivo dictaminar leyes referidas al ordenamiento ambiental.
“El ex gobernador se arrogó atribuciones que no tenía. Él no puede alegar desconocimiento de la normativa porque fue convencional constituyente y firmó un decreto que va en contra de la Constitución. Eso es un delito”, explicó Fagetti.
Panorama poco claro
A la ley de Bosques y las arroceras del Iberá se les adosan otros temas aún sin definición. Por un lado, el archiconocido caso del terraplén elevado sobre los Esteros que aún sigue sin demolerse a pesar del fallo de la Corte Suprema de Justicia. Y, por el otro, el del megaemprendimiento arrocero que se pretende encarar sobre el riacho Ayuí, del que muchos quedaron disconformes por asegurar no haber sido escuchados en las audiencias públicas.
Las posturas de productores y ambientalistas están nuevamente planteadas, pero parecen transitar por carriles totalmente opuestos y todo hace ver que difícilmente puedan cruzarse, hasta tanto la legislación no sea bien clara que permita la interacción de todos los sectores involucrados, más allá de los números que proyecten los emprendimientos
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siempre hay algo para decir///verdad:::